El Sindicato Aceitero (SOEA) y la Federación Argentina (FCIODyARA) del sector expresaron en un comunicado conjunto: "denunciamos el grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad. Y advertimos que si continúan con estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos".

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), junto con delegados de empresas aceiteras y de biodiésel de todo el país, denunciaron este jueves, a través de un comunicado, lo que calificaron como un "grave e ilegal avasallamiento" de los derechos laborales en el sector.
Según expresaron, varias empresas del rubro han incumplido convenios colectivos y acuerdos paritarios, llegando incluso a despedir trabajadores de manera arbitraria por reclamar el pago de salarios conforme a la ley. Los sindicatos advirtieron que, de continuar estas prácticas, convocarán a una huelga nacional.
Entre las situaciones más graves señaladas destacan:
Explora S.A. (Puerto San Martín): Despidió a cuatro trabajadores en represalia por reclamar el pago de la primera cuota de la gratificación extraordinaria. Actualmente, el reclamo derivó en una huelga general hasta que se reincorporen los despedidos y se regularicen los salarios.
Vicentín y Renopack: Ambas empresas, en conciliación obligatoria, enfrentan medidas de fuerza por no abonar el bono anual. La situación se agrava con la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Dánica (Llavallol, Buenos Aires): Cerró su planta en diciembre de 2024, despidiendo a toda la plantilla. Sin embargo, logró reabrir parcialmente el sector de envasado con 40 empleados que no aceptaron retiros voluntarios.
Viterra (Bahía Blanca): Propiedad de Bunge, enfrenta un conflicto laboral prolongado y denuncias de desconocimiento de derechos laborales. Además, el uso de fuerzas de seguridad nacionales ha tensado aún más la situación.
Los gremios repudiaron la "militarización" de plantas como medida para gestionar los conflictos laborales, comparándola con prácticas de regímenes dictatoriales. Asimismo, cuestionaron la actuación de la Prefectura Nacional en apoyo a las empresas, calificándola de "mercenaria al servicio de los poderosos".
En el comunicado, los sindicatos hicieron responsables tanto a las empresas como al Gobierno Nacional, señalando la falta de garantías para trabajar y ejercer el derecho constitucional a huelga. También denunciaron que, mientras los trabajadores enfrentan estas medidas, el Ministerio de Economía beneficia a las patronales con rebajas en las retenciones.
Finalmente, reiteraron su compromiso de luchar por los derechos conquistados a lo largo de años de esfuerzo y sacrificio, dejando en claro que no dudarán en avanzar con una huelga nacional aceitera si las condiciones no se revierten.
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