ATE Rosario cuestiona la tercerización del área de licencias médicas y advierte sobre riesgos laborales y sanitarios

El gremio alertó que la reforma del sistema SIPSAL afecta a más de 150 mil trabajadores estatales de Santa Fe, desplaza al médico tratante, prioriza el control del ausentismo y expone datos sensibles de salud.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Rosario expresó su fuerte preocupación ante la concreción de la tercerización del área de licencias médicas en la provincia de Santa Fe, una decisión impulsada por el gobierno provincial que impacta de manera directa en alrededor de 150 mil empleados estatales. Según el sindicato, la medida implica un retroceso en materia de salud laboral, al desplazar el rol del médico tratante y avanzar hacia un sistema de control administrativo por sobre el cuidado sanitario.

En un extenso comunicado, ATE advirtió que las modificaciones al SIPSAL, anunciadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, habilitan a que una empresa privada, bajo supervisión del Ministerio de Economía, asuma funciones que hasta ahora estaban en manos de trabajadores y trabajadoras de carrera, con estabilidad laboral y formación específica. “Salud no puede ser controlada por Economía”, remarcaron desde la organización gremial.

El sindicato contextualizó la decisión en un escenario alarmante: en Argentina, cuatro personas por día enferman o quedan inválidas por causas laborales y otras dos mueren, mientras se incrementan los padecimientos vinculados a la salud mental, agravados por sobrecarga laboral, pluriempleo, violencia, falta de personal e insumos dentro del propio Estado.

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación del certificado médico y el nuevo abordaje de las enfermedades de corta duración, una modalidad que, según ATE, no registra antecedentes a nivel internacional. Con el nuevo esquema, Salud Laboral dejaría de reconocer la certificación del médico tratante, realizando evaluaciones a distancia, sin medicar ni solicitar estudios complementarios. “La telemedicina se impone como un filtro despersonalizado y no como un control médico real”, advirtieron.

Respecto de las enfermedades de larga duración, el gremio sostuvo que, aunque quedarían a cargo de médicos provinciales, resulta imprescindible la opinión del médico de cabecera, especialmente en casos de enfermedades crónicas, accidentes laborales y secuelas persistentes. En ese sentido, denunciaron que ya se registran altas médicas prematuras y reintegros laborales sin condiciones adecuadas.

ATE también puso el foco en la protección de los datos personales, alertando que el manejo de información sanitaria por parte de privados podría violar la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N.º 26.326. Además, reclamaron una Junta Médica independiente del Poder Ejecutivo, con procedimientos claros y ágiles de apelación.

El comunicado subraya la falta de una política integral de prevención dentro del Estado provincial. Si bien Santa Fe fue pionera en la ley de comités mixtos de seguridad e higiene, ATE denunció que nunca se aplicaron en los sectores estatales. “No existe un sistema de prevención de accidentes ni de violencia laboral”, señalaron, recordando que el sindicato debió conformar un Equipo Interdisciplinario para intervenir en situaciones críticas ante la ausencia de respuestas oficiales.

Entre los principales perjuicios que la reforma podría generar para los trabajadores y trabajadoras, ATE enumeró el riesgo de subestimación de cuadros clínicos, la priorización del retorno al trabajo, la confidencialidad médica en riesgo, posibles persecuciones laborales y el reencuadre de enfermedades laborales para evitar reconocer su causalidad.

Finalmente, el gremio advirtió que el peligro central es que el SIPSAL deje de ser un sistema de cuidado para transformarse en un mecanismo de control del ausentismo, profundizando la precarización y el deterioro de la salud de quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento del Estado.