Continúa la investigación por el robo de armas en el Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán

El tribunal rechazó los pedidos de prescripción y avaló que los exmilitares procesados continúen bajo investigación, ahora también por contrabando agravado. El caso, ocurrido en 2011, tuvo derivaciones internacionales en Brasil y Paraguay.

La Cámara Federal de Rosario ratificó la continuidad de la causa por el histórico robo de armamento en el Batallón de Arsenales 603 de San Lorenzo con asiento en Fray Luis Beltrán y rechazó los planteos de prescripción presentados por las defensas de los exmilitares implicados. Además, confirmó que la investigación avanzará también bajo la figura de contrabando agravado, en razón de las conexiones internacionales del caso.

La resolución fue adoptada por la Sala B del tribunal, integrada por los jueces Fernando Lorenzo Barbará y Andalaf Casiello, quienes confirmaron el fallo del Juzgado Federal N°4. De esta manera, los siete exintegrantes del Ejército procesados continuarán bajo investigación.

El caso se remonta a febrero de 2011, cuando el entonces jefe del Batallón, coronel Enrique Antonio Battezzati, denunció la desaparición de un fusil FAL. Sin embargo, una posterior inspección reveló un faltante mucho mayor: más de 1.300 piezas y 400 armas completas —entre fusiles, ametralladoras, pistolas y proyectiles de diverso calibre— valuadas en más de 2,2 millones de pesos según los valores de la época.

La investigación tomó alcance internacional cuando, en mayo de 2011, Interpol Brasil informó que un fusil con numeración argentina había sido secuestrado durante un operativo en Aracatuba, San Pablo, lo que permitió vincular el material con el robo en Fray Luis Beltrán. A partir de allí, las pesquisas se extendieron a redes de tráfico de armas en Brasil y Paraguay, donde también se recuperaron piezas de origen argentino.

En mayo de 2025, el Juzgado Federal procesó a Alejandro Eduardo Holm, José Marcelo Dilsizian, Arnaldo Efraín Trossero, Marcelo Pablo Cloux, Gustavo Elisandro Montiel, Héctor Vicente Mastrachio y Rubén Federico Otero, imputados por peculado, falsificación de documentos y violación de los deberes de funcionario público.

Las defensas de algunos de los acusados alegaron la prescripción de los delitos, ya que las indagatorias se habían realizado en 2023. Sin embargo, el fiscal general Javier Arzubi Calvo, coordinador del Distrito Rosario, sostuvo que los hechos también se enmarcan en el delito de contrabando agravado, previsto en el artículo 867 del Código Aduanero, cuya pena de hasta 12 años de prisión amplía los plazos de prescripción.

La Cámara coincidió con el planteo fiscal y citó jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, que establece que debe considerarse “la pena más grave razonablemente aplicable” al definir la prescripción. En ese sentido, el tribunal sostuvo que las ramificaciones internacionales del caso justifican una calificación penal más severa.

Asimismo, recordó que el plazo de prescripción comenzó a correr recién el 12 de julio de 2012, fecha en que el último de los imputados se retiró del Ejército, y que las indagatorias de 2023 se efectuaron dentro del tiempo legal.

Finalmente, el tribunal declaró el desistimiento de apelación de las defensas de Dilsizian y Trossero, por no haber comparecido a la audiencia.

En su resolución, la Cámara destacó la “gravedad institucional y transnacional” del hecho, señalando que el robo de armas “trascendió las fronteras del país y puede comprometer la responsabilidad internacional de la Nación Argentina”.

La decisión sienta un precedente relevante sobre la aplicación de figuras penales más gravosas en delitos complejos vinculados al tráfico de armamento.