Corrupción en la Policía: Provincia intervino la Unidad Regional II de Rosario

El ministro Pablo Cococcioni y fiscales del MPA confirmaron que una investigación por desvío de fondos en el área de combustibles de la Unidad Regional II derivó en 38 allanamientos y 17 detenidos de los cuales 13 son policías, en su mayoría jerárquicos. Fueron desplazados altos mandos policiales y al frente de la regional fue designado como interventor Claudio Romano. La maniobra habría causado pérdidas que rondan los 45 millones de pesos.

La Provincia de Santa Fe intervino este lunes la Unidad Regional II (URII) de la Policía, con sede en Rosario, como consecuencia de una investigación por malversación de caudales públicos que derivó en 38 allanamientos y 17 detenciones, de las cuales 13 corresponden a efectivos policiales. La medida fue anunciada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien aseguró que "no vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad pública".

La causa fue impulsada por la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional, con la colaboración de la Subsecretaría de Control Policial, y surgió tras una denuncia anónima enviada por correo postal. De acuerdo a lo informado por los fiscales Matías Merlo y José Luis Caterina, a cargo del caso, se detectó una organización interna en el área de logística de combustibles que implementaba maniobras ilícitas para desviar fondos públicos, generando un perjuicio millonario al Estado provincial.

“Fue una investigación de 10 meses muy prolija y seria”, valoró Cococcioni. “Muchos controles establecidos por el Ministerio fueron incumplidos sistemáticamente, lo que permitió que esta maniobra escalara junto al aumento de la flota policial en las calles”, explicó.

El funcionario confirmó que la URII ya fue intervenida, y que el designado para ese rol es el director general retirado Claudio Romano, quien fue reincorporado al servicio activo. La intervención tendrá una duración inicial de tres meses, prorrogables. Además, se ordenó una auditoría integral con énfasis en los controles de carga de combustible, y el actual jefe de la URII fue desplazado, quedando a disposición del Jefe de Policía.

El fiscal Merlo detalló que, aunque los allanamientos continúan, ya se logró secuestrar una gran cantidad de pruebas, entre ellas alrededor de 300 tarjetas Visa Flota halladas en domicilios particulares, que deberían estar en poder de choferes de móviles policiales. “A mayor cantidad de patrulleros en calle, mayor consumo de combustible y mayor posibilidad de manipulación”, explicó. Según la estimación, la malversación alcanza los 45 millones de pesos, dentro de una asignación mensual de 380 millones para ese rubro.

Una estación de servicio en particular y sus propietarios también estarían seriamente comprometidos. Aunque ni el jefe ni el subjefe de la URII aparecen involucrados hasta ahora, la mayoría de los detenidos tienen rango jerárquico.

“La posición del Gobierno de la Provincia de Santa Fe es inamovible: inversión en seguridad con controles estrictos y tolerancia cero a la corrupción institucional”, remarcó Cococcioni, y concluyó: “Cada peso que el contribuyente destina a seguridad debe ser bien utilizado. No vamos a permitir que se lucre con la tranquilidad de la ciudadanía”.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas disciplinarias y judiciales en los próximos días.