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Denuncian a ex funcionario libertario del Concejo de Baigorria por presunta manipulación del sistema

  • Foto del escritor: Redacción
    Redacción
  • hace 8 horas
  • 2 Min. de lectura

Ediles aseguraron que el ex secretario administrativo Diego Lezcano, vinculado a La Libertad Avanza, intentó borrar información del sistema informático tras ser removido de su cargo. La presentación fue realizada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).



Concejales de la ciudad de Granadero Baigorria denunciaron ante el Ministerio Público de la Acusación a al ex secretario administrativo del Concejo Deliberante Diego Lezcano —quien había sido designado por La Libertad Avanza— por presuntos intentos de manipulación del sistema informático tras su salida del cargo.


La presentación fue impulsada por la presidenta del cuerpo, Gisela Da Ponte, junto a los ediles Adrián Milo y Antonella García, quienes acusan al ex funcionario de haber cometido “hechos que podrían configurar la comisión de hechos presuntamente delictivos perseguibles de oficio contra la Administración Pública”.


Según consta en la denuncia, Lezcano habría accedido sin autorización a una computadora del área de Mesa de Entradas, luego de la sesión en la que fue removido de su cargo. Al ser sorprendido frente al equipo, habría manifestado que “estaba eliminando el sistema”, lo que encendió las alarmas dentro del Concejo.


Ante esta situación, y con el objetivo de evitar posibles daños, la presidenta dispuso cortar el suministro eléctrico del lugar.


De acuerdo a lo denunciado, al día siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, el exfuncionario regresó al Concejo y volvió a utilizar la misma computadora. En ese contexto, Lezcano, junto al concejal de La Libertad Avanza, Santiago Fontana, solicitó autorización para eliminar datos personales del sistema.


Según indicó Da Ponte, personal del área técnica municipal detectó que se habían eliminado permisos del software, lo que reforzó las sospechas sobre una posible manipulación indebida del sistema.


La causa quedó en manos del MPA, que deberá determinar si los hechos denunciados configuran un delito contra la administración pública.


Fuente: El Urbano DIgital


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