Denuncian que Santa Fe tiene más cargos políticos mientras ajusta sobre salud y educación
- Redacción
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En base a un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), ATE-CTAA Rosario advirtió que entre 2024 y 2025 se triplicaron los cargos políticos de altos ingresos en Santa Fe, mientras se redujo la planta estatal y cayó el salario real. Exigen reapertura inmediata de paritarias y recomposición salarial urgente.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario, junto a la CTAA, difundió un duro artículo en el que cuestiona el modelo de gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, al denunciar un fuerte crecimiento de los cargos políticos mejor pagos financiado con un ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras del Estado, particularmente en salud y educación.
El planteo se apoya en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que coincide con relevamientos previos del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE) y la Mesa Técnica Salarial de ATE Rosario, sobre la evolución del empleo público y los salarios en la provincia.
Según el informe, entre 2024 y 2025 la planta política provincial se triplicó, mientras que la planta estatal se redujo un 8% respecto a 2023 y los salarios reales cayeron hasta un 17%. Las áreas más afectadas fueron educación y enfermería, donde se registró la mayor pérdida de puestos de trabajo.
La caída del empleo público se concentró en trabajadores administrativos, técnicos y profesionales. Solo en el sector educativo se perdieron alrededor de 4.800 cargos, a lo que se suman 1.000 trabajadores menos en el escalafón general y 1.055 en otras áreas. En este contexto, Santa Fe quedó ubicada como la penúltima provincia del país en cantidad de agentes estatales por cada mil habitantes.
La secretaria general de ATE y CTAA Rosario, Lorena Almirón, fue contundente: “Si Milei nos ajustó 7, Pullaro ajustó 10. Y lo hizo para sostener a funcionarios que no están precisamente atendiendo o mejorando la salud o la educación. Por el contrario, son garantes fantasmas muy bien pagos de un Estado que cada vez garantiza menos derechos”.
Los datos dados a conocer señalan que, mientras se reducía el salario de los trabajadores, la planta política creció de manera exponencial. La contratación de autoridades superiores aumentó un 33%, mientras que la de asesores técnicos sin concurso se incrementó un 265%. Además, se crearon ocho nuevas categorías dentro de este segmento, incorporando 1.001 cargos políticos que no existían en 2023.
Los salarios de estos cargos, a inicios de 2025, oscilaban entre 1.800.000 y 7.600.000 pesos, sin contar viáticos ni asignaciones adicionales. Para financiar este esquema, el gobierno provincial habría reducido en términos reales un 17,4% los salarios de trabajadores de educación y enfermería y un 11% los de la administración central, siendo las categorías más bajas —que concentran más del 90% del personal— las más afectadas.
ATE Rosario también alertó que cada trabajador estatal perdió en promedio ocho millones de pesos desde 2023, y remarcó el impacto social del ajuste en una planta altamente feminizada. En ese sentido, recordaron datos de la Fundación SES y la organización Las que cuentan, que indican que 9 de cada 10 hogares monoparentales son sostenidos por mujeres, muchas de ellas trabajadoras estatales.
“Tomando estos datos, el gobierno de Pullaro le robó a cada niño y niña de entre 6 y 12 años un año y dos meses de canasta de crianza”, advirtió el sindicato.
En ese marco, Almirón reclamó con dureza a la dirigencia paritaria: “Es hora que los paritarios de ATE dejen de mirar la motosierra desde el escritorio y exijan los dos millones de pesos de salario que necesitamos para vivir dignamente. El 90% de las y los trabajadores de esta provincia cobramos menos de la mitad de eso”.
Finalmente, la dirigente sostuvo que el Ejecutivo provincial “celebra 180 días de clase con personal sobreexplotado, empobrecido y enfermo”, y concluyó: “En Santa Fe hay una reforma laboral en los hechos, con toda la población de rehén”.
El mensaje cierra con la exigencia de reapertura inmediata de paritarias y una recomposición salarial urgente, como respuesta a lo que el gremio define como un ajuste estructural sobre el empleo público en la provincia.