Familias de la región fueron intimadas por Provincia por el costo operativo de las amenazas a escuelas

Entre viernes y sábado le llegaron notificaciones a vecinos de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo. El Gobierno provincial exige el resarcimiento de costos operativos por más de $36 millones. La medida genera cuestionamientos desde sectores políticos y educativos, que reclaman un abordaje integral sobre las juventudes.

Familias de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo fueron intimadas por el Gobierno de Santa Fe a pagar los costos de operativos policiales desplegados ante las supuestas amenazas en establecimientos educativos que se registraron durante abril, en una medida que genera fuerte polémica.

Según se informó, los montos reclamados —dirigidos en su mayoría a padres, madres y abuelos de bajos recursos— pueden alcanzar hasta los 6 millones de pesos por caso, en función de los recursos utilizados durante cada intervención.

En total, entre viernes y sábado se cursaron 11 notificaciones en distintos departamentos de la provincia, entre ellos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín, por un monto global de $36.018.361.

La disposición contempla la identificación de los adultos responsables y la posterior intimación de pago por los gastos generados, incluyendo combustible, móviles policiales, brigadas especializadas —como las de explosivos— y horas de servicio.

El plazo establecido para abonar es de cinco días. En caso de incumplimiento, los antecedentes son derivados a la Fiscalía de Estado, lo que habilita medidas como embargos de sueldos o inhibición de bienes.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, defendió la iniciativa al señalar que “no es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo”.

Asimismo, aclaró que se trata de una indemnización civil por resarcimiento del daño, y no de una sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”, explicó.

Sin embargo, la medida generó cuestionamientos desde sectores políticos y del ámbito educativo, donde advirtieron que el enfoque está puesto en lo económico y no en abordar las problemáticas que atraviesan las juventudes, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

Mientras tanto, desde el Gobierno provincial indicaron que las intimaciones continuarán a medida que la Justicia valide las identidades de los responsables en cada caso.