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Imputan a otros cuatro integrantes de una organización criminal que opera en Rosario, San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Carcarañá

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    Redacción
  • hace 47 minutos
  • 3 Min. de lectura

En dos jornadas de audiencia, la Fiscalía imputó por asociación ilícita, extorsión, tenencia de armas y delitos vinculados al narcotráfico a Alexis Z., Sebastián T., Lautaro T. y Ludmila I. El juez Rodrigo Santana dictó prisión preventiva para tres de ellos. La investigación describe el funcionamiento de una banda con estructura piramidal comandada desde la cárcel.


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Entre el 13 y 14 de noviembre, se realizaron nuevas audiencias imputativas en las que el fiscal Federico Rebola presentó cargos contra Alexis Z., Sebastián T., Lautaro T. y Ludmila I., señalados como miembros activos de una organización criminal que opera desde 2023 en diversas localidades del Cordón Industrial. La banda, según la investigación, posee una estructura jerárquica dirigida desde la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero por Walter G., considerado su jefe máximo.


El juez de Primera Instancia Rodrigo Santana tuvo por formalizadas las imputaciones y dictó prisión preventiva efectiva para Sebastián T. y Alexis Z., con vencimiento el 6 de febrero de 2026, mientras que dispuso prisión preventiva domiciliaria para Ludmila I. hasta la misma fecha.


Alexis Z. fue imputado por asociación ilícita agravada por participación de menores, en carácter de miembro y autor; Sebastián T. afronta cargos por asociación ilícita agravada, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; Lautaro T. fue imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego; y Ludmila I. enfrenta cargos por extorsión en grado consumado.


En el caso de Sebastián T., la Fiscalía detalló que el 6 de noviembre, durante un allanamiento en su domicilio de Neuquén al 300 (Capitán Bermúdez), se secuestró una pistola Bersa cal. 22, municiones, dos plantas de marihuana (182 y 177 gramos tras desoje), un envoltorio con 22 gramos de marihuana compacta y una planilla con anotaciones presuntamente vinculadas al narcomenudeo.


A Ludmila I. se le atribuye haber integrado una modalidad extorsiva ejercida en octubre de 2025 contra una familia de Capitán Bermúdez, junto a al menos tres hombres armados, para reclamar una deuda presuntamente relacionada con drogas. Durante el ataque, le sustrajeron el celular a una de las víctimas y posteriormente exigieron dinero y una motocicleta. La familia llegó a realizar pagos y transferencias por un total de $50.800.


El fiscal Rebola atribuyó a los imputados haberse integrado a una asociación ilícita junto a Walter G., Marta G., Joana R., Ricardo D., Osvaldo R., Héctor G., Diego R., Brian G., Evelyn R., Facundo B. y Walter C. —imputados el 21 de agosto de 2025— entre otros aún no identificados.


La estructura habría operado desde julio de 2023 hasta agosto de 2025, con actividades en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá. Entre los delitos investigados figuran: Homicidios y tentativas de homicidio; lesiones y abusos de armas, extorsiones y usurpaciones, robos y amenazas; comercio de estupefacientes al menudeo; portación ilegal de armas; intimidaciones públicas; encubrimiento y uso de vehículos provenientes de ilícitos.


La organización, según la acusación, obtenía fondos del narcotráfico para sostener su funcionamiento, con puntos de venta administrados por Marta G. y tareas de distribución realizadas por miembros de niveles inferiores.


El rol de cada integrante


La Fiscalía describió un esquema piramidal encabezado por Walter G., quien desde el pabellón 25 de Piñero impartía órdenes mediante visitas y comunicaciones ilegales. Bajo su mando operaban dos niveles principales:


Organizadores

  • Marta G. (madre del jefe): administración de puntos de venta de drogas.

  • Joana R. (pareja del jefe): transmisora de órdenes y coordinación.

  • Ricardo D.: organización delictiva desde el pabellón 10 de Piñero mediante teléfonos móviles.


Miembros operativos

  • Osvaldo R.: sicario y ejecutor de ataques armados.

  • Héctor G.: participación en homicidios y tentativas.

  • Diego R.: chofer y vendedor de droga en Carcarañá.

  • Brian G.: proveedor de armas e información.

  • Evelyn R.: fraccionamiento de droga y apoyo operativo.

  • Facundo B.: autor de ataques armados (incluido el homicidio de Renzo Nevoso).

  • Walter C.: traslado de sicarios y destrucción de vehículos usados en hechos delictivos.

  • Sebastián T.: operador interno, responsable de amenazas, tiroteos y control territorial.

  • Alexis Z.: logística, distribución de drogas y tareas de coacción.


Antecedentes del caso


La Fiscalía sostiene que la organización cobró notoriedad tras una serie de ataques armados, entre ellos:

  • El atentado del 2 de marzo de 2024 contra un colectivo del Servicio Penitenciario.

  • Un ataque en un local gastronómico el 24 de enero de 2024.

  • La balacera del 27 de mayo de 2024, en la que una mujer resultó herida.

  • Homicidios en Carcarañá y Rosario, y múltiples intimidaciones públicas.


La actividad delictiva se habría visto interrumpida progresivamente a partir de allanamientos y detenciones realizados entre 2023 y 2025, culminando con procedimientos clave en agosto y noviembre de este año.



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