La Justicia ordenó a AR Zinc medidas urgentes por el colapso de la barranca y 800 mil toneladas de residuos tóxicos

El juez Eugenio Romanini dispuso que la empresa de Fray Luis Beltrán avance con tareas de estabilización y apuntalamiento de la barranca sobre el río Paraná y adopte medidas para contener un pasivo ambiental estimado en 800.000 toneladas de residuos tóxicos. La Fiscalía había advertido sobre el riesgo de derrumbe y una eventual contaminación de las aguas.

En una audiencia realizada este viernes 25 de septiembre en los Tribunales de San Lorenzo, el juez Eugenio Romanini dispuso el cese del estado antijurídico de la empresa AR ZINC S.A., ante la gravedad del impacto ambiental registrado en el predio que la firma posee en Fray Luis Beltrán, disponiendo medidas urgentes y de realización inmediata.

El pedido fue formulado por el fiscal Maximiliano Nicosia, quien expuso durante la audiencia los peligros vinculados con el inminente daño ambiental y solicitó que se ordenara a la empresa iniciar, en un plazo de 15 días, las obras necesarias para la consolidación y resguardo de la barranca, con un plazo de seis meses para su finalización.

También se requirió que AR ZINC adopte las medidas necesarias para el resguardo del predio, con el objetivo de evitar que personas puedan ingresar al lugar y quedar expuestas a situaciones de riesgo.

Riesgo de derrumbe y contaminación del Paraná

Durante su presentación, la Fiscalía fundamentó el pedido haciendo hincapié en el peligro y el riesgo ambiental que afecta directamente a la región. En ese marco, solicitó el apuntalamiento de la barranca ante el riesgo de derrumbe, el cerramiento del predio y la remediación del pasivo ambiental existente en el suelo.

La situación fue considerada crítica debido al fenómeno climático “El Niño”, pronosticado para los próximos meses. Según lo expuesto en la audiencia, un eventual derrumbe de la barranca podría generar la contaminación directa de las aguas del río Paraná.

A esto se suma la existencia de un pasivo ambiental acumulado estimado en aproximadamente 800.000 toneladas de residuos tóxicos, derivados del procesamiento de metales pesados, entre ellos jarosita.

Un antecedente judicial de 2022

La empresa ya contaba con un antecedente judicial y una orden dictada en 2022 por el Juzgado Civil, en el marco de un expediente iniciado en 2020, que establecía la realización de obras de apuntalamiento de la barranca. Según lo expuesto, esa orden nunca fue cumplida por la empresa.

Ante la situación planteada, el juez Romanini ordenó a la firma que inicie de inmediato las gestiones y tareas técnicamente necesarias para la estabilización y el apuntalamiento de la barranca ubicada en el sector lindero al río Paraná.

Además, dispuso que la empresa lleve adelante las acciones indispensables para el tratamiento, contención y no dispersión de los residuos tóxicos existentes en el predio.

Plazos y controles sobre las obras

Para dar cumplimiento a la resolución, el juez estableció un plazo de 10 días para que AR ZINC informe cuál será el plan de acción elegido para abordar los residuos, ya sea mediante su remoción o a través de un tratamiento y sistema de contención.

Posteriormente, la empresa deberá presentar, dentro de un plazo de 15 días, la documentación técnica correspondiente, el equipo profesional que estará a cargo de las tareas y un cronograma de ejecución estricto.

El plazo total de ejecución establecido por la resolución no podrá extenderse por más de ocho meses.

Asimismo, AR ZINC deberá presentar informes quincenales sobre el avance de las tareas, que serán supervisados periódicamente por la Fiscalía Regional 2, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.

Participación de organismos provinciales

De la audiencia participaron, junto al fiscal Maximiliano Nicosia, representantes de distintos organismos provinciales.

Por la Fiscalía de Estado estuvo presente el Dr. Domingo Rondina, junto con su equipo de trabajo, mientras que por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático participó el secretario Gustavo Leonel, acompañado por integrantes de su equipo técnico.

La resolución judicial estableció así un conjunto de medidas urgentes, plazos concretos y mecanismos de seguimiento frente al riesgo ambiental planteado en el predio de AR ZINC y su proximidad con el río Paraná.