Nueva ley penal juvenil: la baja de la edad de imputabilidad “no sirve si no se trabaja en la prevención”

El abogado penalista sanlorencino Leandro Demichelli consideró que el nuevo régimen, que reduce a 14 años la edad de imputabilidad, incorpora herramientas de responsabilización y reinserción, pero advirtió que “no sirve” si no se trabaja sobre las condiciones sociales y familiares que atraviesan a los adolescentes. También explicó qué puede ocurrir ante delitos menores y cuál será el desafío para fiscales y jueces.

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió nuevamente el debate sobre la edad de imputabilidad, las respuestas del Estado frente a los delitos cometidos por adolescentes y las posibilidades de reinserción. El abogado penalista sanlorencino Leandro Demichelli habló esta semana con Recuerdos FM 91.1 y analizó los principales cambios durante una entrevista al programa Mañana Con Todos y sostuvo que la reducción de la edad, por sí sola, no permitirá resolver el problema de fondo.

La Ley Nacional 27.801 comenzó a regir desde la hora cero del sábado 5 de septiembre y establece cambios para adolescentes de entre 14 y 18 años, entre ellos la posibilidad de que quienes tienen 14 y 15 años sean investigados y eventualmente condenados por delitos.

Uno de los puntos centrales planteados por Demichelli fue la diferencia entre la aplicación de una pena a un menor y el sistema penitenciario destinado a adultos. En ese sentido, explicó que ante delitos graves, como un homicidio, puede existir una pena de hasta 15 años, pero que los adolescentes no serían alojados en cárceles comunes junto con personas mayores.

Para los delitos de menor gravedad, en cambio, el régimen contempla medidas orientadas a la responsabilización, capacitación y reinserción, que pueden incluir tareas comunitarias, acompañamiento de profesionales de la niñez, psicólogos y pedagogos, además de formación en oficios y educación.

Consultado sobre si la nueva legislación puede solucionar el problema de la delincuencia juvenil, Demichellis fue crítico y sostuvo que la baja de la edad de imputabilidad no alcanza como herramienta de prevención. “Sigo insistiendo que no sirve. No sirve porque el sistema político no incluye a nadie. Se tendría que trabajar en la prevención”, afirmó.

Para el penalista, la prevención requiere políticas que atiendan las condiciones en las que se desarrollan los adolescentes, con mayor participación comunitaria, actividades deportivas, educación y seguimiento de las necesidades de cada joven.

También consideró necesario intervenir sobre los contextos familiares y sociales. “No podemos pretender que un chico que viene viendo al padre y al abuelo que no trabajan, que realmente pueda tener una vida digna, una vida con educación. Hay que atacar esos factores”.

¿La nueva ley puede disuadir a los adolescentes?

Uno de los interrogantes planteados fue si el hecho de que los adolescentes de 14 y 15 años puedan ser sometidos a un proceso penal puede generar un efecto disuasorio.

Demichelli consideró que la mayoría de los jóvenes no tiene necesariamente conciencia de las consecuencias de sus actos, aunque admitió que en determinados casos la nueva situación jurídica podría influir.

El abogado planteó que será necesario observar cómo evoluciona la situación con el transcurso del tiempo y evaluar si los delitos aumentan o disminuyen a partir de la aplicación del nuevo régimen.

Qué ocurre ante delitos como un robo

Durante la entrevista también se tomó como ejemplo un hecho ocurrido recientemente en San Lorenzo, en el que un adolescente de 14 años y otro de 16 fueron detenidos luego de un robo a otro joven en la calle.

Consultado sobre qué cambia para ellos con la nueva legislación, el letrado señaló que no habría modificaciones profundas en este tipo de casos y que pueden aplicarse medidas vinculadas con el acompañamiento de la niñez, tareas comunitarias y capacitación pero que “profundamente cambios notables, no hay”, resumió.

Según explicó, el objetivo es que la intervención permita evitar la reincidencia y que el adolescente pueda incorporar herramientas educativas o laborales.

El desafío para fiscales y jueces

Para el abogado, uno de los principales desafíos que presenta el nuevo régimen estará en la investigación penal preparatoria y en determinar correctamente las circunstancias en las que se produjo cada delito. En particular, mencionó la necesidad de investigar si existe algún adulto que pueda estar utilizando o induciendo a un adolescente a cometer hechos delictivos.

“Eso va a ser muy importante, el gran desafío, para no cometer ningún tipo de error, de que si hay una persona que está indicando al menor a cometer un hecho, es un trabajo que requiere más investigación y mucha más idoneidad”, sostuvo el penalista.

Demichelli remarcó que cada situación deberá analizarse de manera particular y que fiscales y jueces deberán actuar con especial cuidado frente a adolescentes que todavía se encuentran en una etapa de desarrollo.

En ese sentido, advirtió que una respuesta penal inadecuada frente a un hecho menor podría incluso generar efectos contraproducentes y favorecer la reincidencia. “Por eso, ahí donde el fiscal y el juez tienen que trabajar con muchísimo cuidado, y sin entorpecer absolutamente nada del trabajo de uno con respecto al otro”, sostuvo.

El nuevo régimen, de esta manera, vuelve a poner en el centro de la discusión la responsabilidad penal de los adolescentes, pero también el desafío de combinar las respuestas frente al delito con políticas de prevención, educación y reinserción social. Para Leandro Demichelli, el resultado de la nueva legislación dependerá en buena medida de cómo se aplique en la práctica y de las políticas que acompañen al sistema penal juvenil.