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Polémica por decreto que prohíbe venta de materiales a barrios populares en Granadero Baigorria

  • Foto del escritor: Redacción
    Redacción
  • 21 sept
  • 2 Min. de lectura

El pasado 12 de septiembre, el intendente Adrián Maglia firmó el Decreto Nº 717/25 que restringió a corralones y comercios la venta de insumos destinados a construcciones en terrenos irregulares de la ciudad. La medida generó una fuerte controversia ya que el debate no pasó por el Concejo, apunta solo a algunos sectores y se da en medio de una delicada situación económica en el rubro de la construcción.


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El pasado viernes 12 de septiembre, el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, firmó el Decreto Nº 717/25 que prohíbe la venta de materiales de construcción para asentamientos irregulares en tierras de dominio municipal y provincial.


La normativa apunta a desalentar la consolidación de viviendas en terrenos fiscales ocupados de manera irregular. Desde su entrada en vigencia, los corralones y comercios quedaron obligados a rechazar pedidos que provengan de barrios populares, bajo control de un registro actualizado de inmuebles ocupados irregularmente que llevará el Municipio.


El decreto incluye sanciones para quienes incumplieran la disposición e incluso "la posibilidad de iniciar denuncias penales". Además, facultó a la Secretaría de Gobierno a dictar las reglamentaciones necesarias para garantizar la aplicación del decreto.


Consultado por El Ojo Informativo, un abogado especializado en defensa al consumidor expresó que la medida es de "inconstitucional enorme" y que "atenta contra la libertad de comercio".


Por su parte, el concejal Adrián Milo cuestionó duramente la decisión y reveló que los comercios ya fueron notificados: “Un proveedor fue interceptado por la policía cuando intentaba ingresar materiales a uno de los barrios. Si se menciona una dirección en las zonas irregulares, directamente rechazan la venta. Es una situación absurda”, sostuvo.


La decisión generó controversia en la ciudad, ya que algunos sectores señalaron que afecta directamente a los vecinos de los asentamientos informales, no a todos, y a los comercios en medio de una compleja situación económica para el sector. Además la medida no tuvo debate ni tratamiento en el Concejo Municipal.


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