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Corrupción ciudadana: la EPE detectó abusos y posibles fraudes en usuarios de tarifa social

  • Foto del escritor: Redacción
    Redacción
  • 3 ago
  • 2 Min. de lectura

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) identificó consumos desproporcionados y situaciones irregulares en cerca de 15 mil beneficiarios del subsidio, como locales comerciales, inmuebles de lujo y usuarios fallecidos, que fueron dados de baja.


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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que dio de baja a más de 15.000 usuarios del programa de Tarifa Social tras detectar abusos, excesos y potenciales fraudes en el uso del beneficio. Entre las irregularidades detectadas se destacan suministros a nombre de personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales y propiedades ubicadas en barrios residenciales de alto valor inmobiliario.


La medida surge de un relevamiento conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, orientado a garantizar el uso eficiente y justo del subsidio destinado a hogares de menores ingresos.


Los controles detectaron situaciones como:

  • Consumos de hasta 6.500 kW bimestrales (cuando el promedio residencial ronda los 700/800 kW), con facturas superiores a $1.400.000, de los cuales el Estado subsidió casi medio millón de pesos.

  • En Funes, un beneficiario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó solo $17.584 sobre un total de $720.000, lo que obligó al Estado a cubrir $703.083.

  • En solo un circuito de medición, 13 usuarios con tarifa social presentaron consumos mayores a 5.000 kW, generando subsidios por $4.681.000 en abril.

  • También se identificaron beneficiarios registrados como Responsables Inscriptos ante ARCA, lo que indica actividad económica declarada incompatible con el acceso a esta tarifa.

  • Otros casos incluyeron jubilados que ya no vivían en el domicilio declarado, manteniendo el beneficio de manera irregular.


El programa de Tarifa Social busca garantizar un consumo eléctrico residencial, razonable y eficiente para los sectores vulnerables, asumiendo el Estado provincial la diferencia entre el costo real del servicio y el importe que paga el usuario.


Desde la empresa confirmaron que "los controles se intensificarán en las próximas semanas para asegurar que la tarifa subsidiada llegue a quienes realmente lo necesitan. La medida apunta a optimizar el uso de recursos públicos y garantizar justicia distributiva en el acceso a la energía".


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