Denuncian salarios docentes por debajo de la indigencia y exigen convocatoria a la paritaria nacional

UDA y CEA advirtieron que el salario inicial quedó fijado por decreto en $500.000, monto que no alcanza a cubrir el Índice de Indigencia, y reclamaron diálogo inmediato al secretario de Educación nacional, Carlos Torrendel. También rechazaron la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Docentes Argentinos (CEA) reclamaron este jueves a la Secretaría de Educación de la Nación la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, al denunciar que el salario inicial docente se encuentra por debajo del Índice de Indigencia y fue definido de manera unilateral por el Gobierno nacional.

“El último aumento salarial fue resuelto de manera unilateral por el Gobierno nacional y fue fijado por decreto un monto de $500.000, lo que ubica a la docencia en el terreno de la indigencia”, señalaron ambas organizaciones sindicales. El incremento mencionado fue otorgado en marzo de 2025 y, según indicaron, permanece congelado desde entonces. En ese marco, recordaron que en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó $589.510 para no caer en la indigencia.

En un comunicado conjunto, UDA y CEA exigieron al secretario de Educación, Carlos Torrendel, que “debe convocar de manera urgente a la paritaria nacional, con voluntad de diálogo y con el objetivo de mejorar el salario docente”. Además, cuestionaron la falta de respuestas oficiales frente al deterioro de los ingresos del sector: “No puede mirar para otro lado frente a la situación que atraviesan sus propios colegas en las aulas”, expresaron.

Los gremios también advirtieron que el Poder Ejecutivo Nacional ha discontinuado la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, instancia establecida por ley, y que además la ha vaciado de contenido, al retirarse de la negociación entre provincias y sindicatos, aunque manteniendo capacidad de veto sobre lo que allí se defina.

Por último, UDA y CEA sumaron su rechazo a la reforma laboral, a la que calificaron como una “iniciativa que vulnera derechos de los trabajadores” y que, según señalaron, “pretende limitar reclamos legítimos mediante la declaración de la educación como servicio esencial”.