La iniciativa prioriza la adquisición por parte del Estado Municipal de los productos y servicios que ofrecen estas entidades en las que trabajan personas con discapacidad que, de ese modo, obtienen ingresos genuinos, se insertan en el mercado laboral y logran inserción social
El concejal Esteban Arico presentó un proyecto de ordenanza por medio de la cual, “se obliga” a la Municipalidad de San Lorenzo a que “cuando deba adquirir productos, artículos o servicios” y éstos estén “producidos, elaborados o armados por los Talleres Protegidos de la ciudad”, se los adquiera a estas entidades “mediante el sistema de compra directa”.
La iniciativa, que comenzará a debatirse en el seno del Concejo local, se basa en “la necesidad de fomentar el desarrollo de los Talleres Protegidos de Producción por parte del Estado Municipal”, otorgándoles “prioridad de compra en la adquisición de bienes, insumos y servicios públicos”.
El proyecto señala que estas entidades -reconocidas y propiciadas por la Ley Provincial N° 9.325- “ofrecen un ámbito de contención, apoyo e integración mediante la estimulación a las personas con discapacidad en sus diversas destrezas y a través de la detección y desarrollo de nuevas habilidades, todo lo cual se utiliza y se organiza alrededor de una labor productiva que, en última instancia, revaloriza y llena de significados el trabajo de los talleres, porque permite a las mencionadas personas obtener un ingreso, fruto del propio esfuerzo e insertarse en el mercado laboral”.
Además, destaca que los Talleres Protegidos “se constituyen como pequeñas unidades productivas que no tienen por objeto el lucro o la obtención de un rédito, sino que la producción es el medio para alcanzar una meta mucho más valiosa socialmente: la integración de las personas con discapacidad a un modelo más frecuente o habitual de vida familiar, social y laboral”, según detalla el proyecto de Arico.
“Dado el esfuerzo que significa llevar adelante estos emprendimientos, creemos que el Estado debe procurar asegurar la colocación de las producciones de los talleres”, agrega.
En uno de sus artículos, el proyecto de ordenanza estipula que para cumplir con su objetivo “se alternarán las compras equitativamente entre los distintos Talleres, para lo cual, la Municipalidad coordinará con los mismos la forma de trabajo, a fin de promover un cronograma de pedidos y entregas de mercaderías que no entorpezca el normal desempeño de las oficinas gubernamentales ni de los talleres protegidos”.
También establece que “el precio pactado por la compra directa de los distintos artículos elaborados por los talleres protegidos no puede tener una variación mayor al 7% del valor del mercado de los mismos”.
Más allá de los detalles técnicos de su proyecto, el concejal Esteban Arico contó que, previamente a la presentación de la iniciativa “la consensuamos con las autoridades del Centro de Apoyo al Discapacitado (CADI) y de Impulsa, la Asociación Civil que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad intelectual y a la que también estamos tratando de vincular en esta ordenanza”.
También reveló que “a partir de la presentación de nuestra iniciativa el oficialismo propuso una minuta de comunicación con un objetivo similar recomendando al Departamento Ejecutivo que compre los productos o servicios de estas entidades y las que puedan surgir, pero nosotros vamos a insistir con el tratamiento de nuestro proyecto de ordenanza porque, de ser aprobada, obligará a la Municipalidad a este tipo de compras directas y dará garantías y sostenibilidad a los Talleres Protegidos de Producción. Pretendemos un compromiso de parte del Estado, no una recomendación”, expresó.
Arico explicó que “tanto CADI como Impulsa manifestaron que si bien les resultan de utilidad los subsidios que reciben desde la Municipalidad, esos aportes no dejan de ser paliativos. Ellos necesitan una solución definitiva y esta podrá darse cuando el Estado les compre regularmente porque, a partir de esa demanda, podrán asumir producciones sostenidas en el tiempo que les permitan organizase y mantenerse trabajando”, argumentó.
El edil de la oposición destacó que “hace unos días, la Legislatura provincial convirtió en ley un proyecto, que dispone la adhesión de Santa Fe al Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad que le da un marco más previsible a las instituciones que trabajan con ellas y protege sus legítimos derechos. En nuestro caso, de aprobarse la ordenanza que proponemos, quienes trabajan en estas entidades locales podrán tener los mismos derechos que tiene cualquier persona que trabaja, de modo que, aquí se produce una interrelación entre normas muy importante para favorecer a estos talleres”, analizó.
“En definitiva, lo que buscamos es que las personas con discapacidad logren, desde el trabajo formal, su proyección personal y su integración social”, señaló, por último, Esteban Arico.