Libertad condicional para el portero de la Escuela 1085 acusado de corrupción de menores

En una audiencia de apelación realizada el pasado jueves, la Justicia mantuvo la imputación por tentativa de corrupción de menores, pero dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas una caución por 100 millones de pesos y prohibición de volver a la ciudad de Fray Luis Beltrán.

En una audiencia de apelación de segunda instancia realizada el pasado jueves 12 de marzo por la mañana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Justicia resolvió revocar la prisión preventiva de Martín R., el portero de la Escuela N°1085 "República de Colombia" de Fray Luis Beltrán, acusado de corrupción de menores y dispuso su libertad bajo un régimen de condiciones.

La detención del auxiliar escolar ocurrió el lunes 3 de noviembre de 2025 tras la denuncia de padres y madres y tuvo una manifestación frente a la Escuela y Comisaría 4ta, donde había sido trasladado inicialmente. Luego, el 7 de noviembre, en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo se realizó la audiencia imputativa. Allí la Fiscalía le atribuyó hechos ocurridos entre marzo y noviembre de ese año contra al menos seis alumnos de entre 11 y 12 años, y el juez Carlos Gazza dictó prisión preventiva hasta el 6 de febrero de 2026, prorrogada y en vigencia hasta abril del corriente.

Del encuentro de este jueves, participaron los defensores del imputado, los Dres. Gustavo Franceschetti y Simón Boffetti; la fiscal del caso, Dra. Victoria Vigna; el juez de Segunda Instancia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, Dr. Miguel Moreno; y el propio acusado.

Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía se opuso a la solicitud de la defensa de revocar la prisión preventiva. Sin embargo, el magistrado resolvió hacer lugar parcial al planteo, manteniendo la calificación legal dispuesta en primera instancia -corrupción de menores agravada en grado de tentativa- y reemplazando la medida de encierro por alternativas.

De este modo, el juez Moreno dispuso que el acusado recupere la libertad, siempre que cumpla con una serie de medidas restrictivas y una caución económica.

Entre las condiciones impuestas, se estableció la prohibición de regresar a la ciudad de Fray Luis Beltrán, la acreditación de un domicilio de residencia y la constitución de una caución de 100 millones de pesos, ya sea en carácter real o personal. Además, el imputado deberá presentarse cada tres días ante la autoridad policial correspondiente a su lugar de residencia o en la oficina judicial más cercana.

Asimismo, se le impuso la prohibición de salir del país y la restricción absoluta de contacto con las víctimas, sus familias, testigos, docentes y autoridades de la institución educativa donde ocurrieron los hechos. También deberá someterse a un tratamiento psicológico vinculado a los sucesos investigados y presentar certificados emitidos por un efector público que acrediten su cumplimiento.

La causa continúa en etapa investigativa, con intervención de equipos interdisciplinarios, mientras se mantienen en reserva las identidades de las víctimas y los detalles específicos de los hechos, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de delitos.