“Sus derechos no se negocian”: organizaciones de discapacidad reclaman a Pullaro que gestione fondos ante Nación

A través de una carta abierta, entidades del sector solicitaron al gobernador que garantice el cumplimiento de la Ley Nacional 24.901 y pidieron a los legisladores santafesinos de Provincias Unidas que incorporen modificaciones al proyecto en debate en el Congreso. También reclamaron que se prorrogue la emergencia en discapacidad para evitar un agravamiento de la crisis.

Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad en Santa Fe enviaron una carta abierta al gobernador Maximiliano Pullaro y a legisladores nacionales santafesinos del bloque Provincias Unidas para reclamar medidas urgentes ante la crisis que atraviesa el sistema de prestaciones.

Entre los pedidos centrales, solicitaron que el mandatario provincial gestione ante el Gobierno nacional la transferencia de los fondos previstos por la Ley Nacional 24.901 y que los representantes de la provincia impulsen modificaciones al proyecto legislativo en discusión.

“Quienes integramos las organizaciones firmantes nos dirigimos públicamente a usted, señor Gobernador, y a los legisladores nacionales que representan a nuestra provincia, particularmente a los diputados Gisela Scaglia y José Núñez, ante la gravedad de la situación que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad y la trascendencia de las decisiones que deben adoptarse en el Congreso de la Nación”, expresaron al comienzo del documento.

Las entidades señalaron que la prioridad es garantizar la continuidad de los servicios esenciales y asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo de la normativa nacional.

“El eje central de la presente solicitud es irrenunciable: los derechos de las personas con discapacidad no pueden convertirse en moneda de cambio de ninguna negociación política o económica entre el Gobierno provincial y el Gobierno nacional”, sostuvieron.

En ese sentido, advirtieron sobre las consecuencias que podrían generar la interrupción de tratamientos y servicios o el cierre de instituciones. “Detrás de cada institución que cierra, tratamiento o servicio que se interrumpe, hay personas que pierden autonomía e inclusión, y familias sumidas en la incertidumbre”, plantearon.

Los pedidos al gobernador y a los legisladores

En el documento, las organizaciones solicitaron a Maximiliano Pullaro que encabece las gestiones ante el Estado nacional para garantizar que los fondos destinados al cumplimiento de la Ley 24.901 sean efectivamente transferidos conforme a lo establecido por la normativa.

Por otra parte, exigieron a los legisladores nacionales de Provincias Unidas que incorporen las modificaciones propuestas por el sector al proyecto de ley en debate, de cara a la sesión prevista para este miércoles 21 de octubre en el Congreso de la Nación.

Además, ante la falta de avances en los cambios solicitados al proyecto oficialista, reclamaron que los representantes acompañen la iniciativa destinada a prorrogar la emergencia en discapacidad, con el objetivo de evitar un agravamiento de la crisis.

Las entidades también pidieron que las autoridades expliquen públicamente por qué se descartan las propuestas presentadas por las organizaciones y recordaron que el principio de no regresividad en materia de derechos constituye, según señalaron, un aspecto fundamental del marco constitucional argentino.

“Demandamos que las decisiones que se toman sobre la crisis del sector sean tomadas y explicitadas con transparencia, no subordinando los derechos de las personas con discapacidad a los acuerdos o desacuerdos entre los gobiernos provincial y nacional”, agregaron.

Una amplia representación del sector

Entre las instituciones firmantes se encuentran la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, el Colegio de Fonoaudiólogos, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe —Segunda Circunscripción Rosario—, la CTA Regional Rosario, Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (ATRAES), UENDISFE y ACDISFE, entre otras.

Las entidades advirtieron que las decisiones que se adopten en el Congreso tendrán consecuencias concretas sobre miles de personas con discapacidad, sus familias, trabajadores, instituciones y prestadores que sostienen cotidianamente el sistema. “La emergencia es real. Sus consecuencias también”, afirmaron en el documento.

“Esperamos que nuestros representantes estén a la altura de esa responsabilidad. La discapacidad no puede esperar. Sus derechos no se negocian”, concluyeron.