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Protestas de la Policía: Pablo Cococcioni anunció que al menos 20 efectivos pasarán a disponibilidad

  • Foto del escritor: Redacción
    Redacción
  • hace 6 horas
  • 3 Min. de lectura

El ministro de Justicia y Seguridad dijo que "el reclamo es legítimo, pero no se tolerarán acciones violentas ni abandono del servicio". Confirmó denuncias ante el MPA, investigaciones penales y apuntó a sectores desplazados de la fuerza vinculados a graves hechos de corrupción que "no se resignan a haber perdido posiciones de poder".



En una conferencia de prensa brindada en Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció que no menos de 20 funcionarios policiales fueron pasados a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibala, tras las protestas registradas en distintos puntos de la provincia, con mayor grado en Rosario, en las que según mencionó se "detectaron hechos de abandono del servicio, paralización de móviles y acciones" que, sostuvo, "afectaron el despliegue preventivo".


“Nosotros compartimos los reclamos y somos los primeros en destacar los problemas de nuestras fuerzas, con las herramientas a nuestro alcance, es un reclamo que juzgamos atendible”, afirmó Cococcioni. Sin embargo, advirtió que “utilizar a la institución y a sus funcionarios para minar la seguridad es cruzar una línea, y eso no lo vamos a consentir”, en un contexto de máxima tensión que quedó expuesto cuando los propios funcionarios admitieron que pasaron la noche sin dormir y que la situación ameritó una reunión del ministro con el gobernador Maximiliano Pullaro.


Cococcioni precisó que durante las protestas se detectaron “hechos de abandono del servicio, paralización de móviles y acciones” que impactaron de manera directa en el patrullaje. Según detalló, al menos veinte unidades quedaron inmovilizadas en el lugar de la protesta y algunos efectivos dejaron los patrulleros, incurriendo en abandono del servicio. En ese marco, advirtió que se fueron conformando "grupos con intereses sectoriales, algunos de ellos vinculados a sectores desplazados de la fuerza e incluso a graves hechos de corrupción, que promovieron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal y difundieron información falsa para desestabilizar el despliegue preventivo".


“Anoche mismo, el jefe de Policía de la provincia comenzó a labrar las actuaciones administrativas”, indicó el ministro, al confirmar el pase a disponibilidad de los efectivos involucrados. Además, el funcionario confirmó que el Ejecutivo trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación para que se investiguen posibles delitos penales cometidos tanto por efectivos policiales como por grupos que, según señaló, “no se resignan a haber perdido posiciones de poder y privilegio”.


Las medidas se conocieron luego de una tensa jornada de manifestaciones que tuvo su epicentro en la ciudad de Rosario, donde policías y agentes del Servicio Penitenciario se concentraron desde la tarde, permanecieron durante la madrugada con sirenas y continuaban este martes por la mañana. Por la noche, se registraron algunos momentos de tensión entre quienes reclamaban y las fuerzas que custodiaban la Jefatura de Policía.



Entre los reclamos figuran mejoras salariales y de las condiciones laborales, el reconocimiento del Servicio Penitenciario como fuerza, cambios en las políticas de traslado y otros puntos que serían incluidos en un petitorio que los manifestantes buscan entregar a las autoridades.


El ministro remarcó que el Gobierno reconoce los reclamos del personal policial y penitenciario y los considera atendibles. “Nosotros compartimos los reclamos y somos los primeros en destacar los problemas de nuestras fuerzas, con las herramientas a nuestro alcance, es un reclamo que juzgamos atendible”, afirmó.


No obstante, advirtió que "existen sectores que, por intereses propios, impulsaron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal y difundieron información falsa a través de redes y canales internos con el objetivo de desestabilizar el operativo de seguridad".


“Utilizar a la institución y a sus funcionarios para minar la seguridad es cruzar una línea, y eso no lo vamos a consentir”, sostuvo.



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