Reforma laboral: Rosario será epicentro de una movilización nacional el 10 de febrero

Un total de 86 organizaciones sindicales rechazaron el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional y lanzaron un Plan Nacional de Lucha con protestas en Córdoba y Rosario. “Sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976”, expresaron en un duro comunicado.

Un total de 86 organizaciones sindicales, reunidas este miércoles en la sede nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), expresaron su enérgico rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y convocaron a una gran movilización nacional, que tendrá a Rosario como uno de los principales epicentros el próximo 10 de febrero.

En ese marco, las entidades gremiales resolvieron dar inicio al Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva, con acciones de resistencia en todo el país. Como primeras medidas, se definieron una movilización el 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y una movilización nacional el 10 de febrero en la ciudad de Rosario.

A través de un documento, las organizaciones sindicales afirmaron: “Las organizaciones sindicales firmantes expresamos nuestro enérgico rechazo al proyecto regresivo de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional”.

En el texto, los gremios señalaron que, por su alcance y profundidad, la iniciativa oficial “sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976”, al considerar que deroga derechos históricos, abarca una amplia cantidad de temas y introduce profundos retrocesos para las trabajadoras y los trabajadores.

Asimismo, cuestionaron la falta de debate democrático y sostuvieron que “este proyecto de reforma no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores”, sino que “pretende ser el resultado de negociaciones a espaldas del pueblo trabajador”, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar votos de senadores y senadoras por beneficios coyunturales para sus provincias.

Las organizaciones calificaron la iniciativa como “una maniobra política que entrega derechos históricos a cambio de migajas” y advirtieron que comprometió el futuro del trabajo en la Argentina. Entre los puntos más graves del proyecto enumeraron la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social, el ataque a los sindicatos y a la acción colectiva, la institucionalización del techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de soberanía sobre el tiempo de trabajo.

En el documento también afirmaron que “no hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo”, y sostuvieron que la propuesta respondió a un modelo económico basado en salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical, con el objetivo de avanzar en la privatización de empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial.

Finalmente, los sindicatos remarcaron: “Estas discusiones tienen que tener a las y los trabajadores en el centro y, a contramano de este proyecto, deberían apuntar al fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral para la totalidad de la fuerza de trabajo activa en la República Argentina”.

Con este posicionamiento, las organizaciones sindicales ratificaron el inicio de un plan de lucha nacional, con Rosario como uno de los escenarios centrales, en rechazo a una reforma que consideraron regresiva y lesiva para los derechos laborales.