San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Son todos los empleados de la planta de tratamiento de residuos industriales que exigieron el pago de salarios adeudados y certezas laborales. El conflicto se agravó tras la paralización de la actividad y la venta de acciones a un nuevo grupo empresario.

Los 120 trabajadores de la planta de tratamiento de residuos industriales IDM de San Lorenzo, denunciaron que permanecieron tres meses sin percibir sus salarios y reclamaron respuestas urgentes ante la incertidumbre laboral. El planteo se formalizó este martes durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde participaron representantes gremiales y de la empresa.

El lunes, una columna integrada por trabajadores de los gremios de Camioneros, Petroquímicos, Carga y Descarga y personal fuera de convenio se concentró frente a la planta para visibilizar lo que definieron como una situación “desesperante”, marcada por la falta de cobro regular de haberes y la ausencia de definiciones sobre el futuro de la fuente laboral.

El conflicto se arrastra desde septiembre, cuando comenzaron las suspensiones y reducciones de jornada. Según denunciaron los delegados, desde noviembre la empresa dejó de abonar los salarios en forma total. La deuda incluyó diferencias salariales de octubre y noviembre, el sueldo completo de diciembre, el aguinaldo y los haberes correspondientes a lo transcurrido de 2026.

“Somos 120 familias atravesando esta situación. Nadie definió qué va a pasar con nosotros”, sostuvo un delegado del gremio de Camioneros durante la protesta.

El reclamo no sólo comprendió el pago de salarios adeudados, sino también la falta de un plan concreto que garantizara la continuidad de la actividad o brindara certezas sobre los puestos de trabajo.

De acuerdo con lo manifestado por los trabajadores, la paralización de la planta se originó en la falta de inversiones que derivó en la pérdida de permisos ambientales, tanto provinciales como nacionales, indispensables para operar en el tratamiento de residuos industriales. Sin esas autorizaciones, la empresa dejó de funcionar con normalidad.

Desde el sector sindical señalaron que la empresa utilizó esa situación como argumento para incumplir sus obligaciones salariales, trasladando el impacto de la crisis exclusivamente a los empleados.

La incertidumbre se profundizó tras la reciente venta de acciones a un grupo empresario identificado como Caterina Group. Aunque la operación fue anunciada públicamente, los trabajadores afirmaron que ningún representante del nuevo grupo inversor participó en las audiencias ni se presentó ante el personal.

En la última reunión formal, un referente de la gestión saliente informó que la planta permanecería cerrada durante aproximadamente diez meses, lo que incrementó la preocupación entre los empleados. Además, la empresa planteó la intención de convocar a los trabajadores de manera individual para regularizar su situación, una decisión que generó rechazo en el sector gremial.