Traferri reclama al gobierno provincial información urgente sobre posible contaminación ambiental en Fray Luis Beltrán

A través de un pedido de informes, el legislador requirió datos sobre controles, auditorías, medidas de remediación ambiental, sanciones aplicadas y estado del Seguro Ambiental Obligatorio en relación a los predios que la firma AR Zinc SA (ex Sulfacid) posee en avenida San Martín al 1700 y en colectora este de la autopista AP01.

El senador Armando Traferri requirió al Poder Ejecutivo Provincial información detallada sobre la situación ambiental y legal de dos predios industriales ubicados en la ciudad de Fray Luis Beltrán, pertenecientes a la firma AR Zinc SA (ex Sulfacid). Lo hizo a través de un proyecto de Comunicación ingresado este jueves, en el que solicita al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático —o a la repartición competente— que informe sobre controles, auditorías, medidas de remediación ambiental, sanciones aplicadas y estado del Seguro Ambiental Obligatorio en relación a los predios situados en avenida San Martín 1758 y en colectora este de la autopista AP01 y calle Leleu.

“La historia ambiental de esta planta ha sido objeto de múltiples denuncias por contaminación, disposición indebida de residuos peligrosos y posibles afectaciones al río Paraná y a las napas de agua subterráneas”, expresó Traferri. “Estamos hablando de un riesgo potencial serio para el ambiente y la salud de la población”, insistió el legislador sanlorencino.

El senador recordó que ya existen antecedentes legislativos sobre esta problemática, con expedientes presentados por él en 2019 y 2020, y advirtió que la cercanía de los predios al río y a zonas habitadas agrava los riesgos asociados a posibles pasivos ambientales no remediados.

La empresa AR Zinc S.A. anunció el cese de producción en 2016 dejando a 400 trabajadores en la calle

Entre los puntos sobre los que se solicita información se encuentran detalles de los controles ambientales realizados y el estado actual de los predios, acciones de remediación exigidas o implementadas por la empresa, sanciones administrativas aplicadas, el estado del seguro ambiental y si se ha declarado un siniestro, posibles afectaciones a las tomas de agua y acciones para preservar la barranca y la existencia de denuncias penales o civiles por contaminación.

“El Estado debe ejercer con firmeza su rol de control. La ciudadanía merece saber si está en riesgo su salud y su ambiente. Por eso pedimos información clara, precisa y verificable”, sostuvo Traferri, quien además remarcó la necesidad de políticas ambientales serias, en línea con los principios de prevención, sustentabilidad y solidaridad establecidos por la normativa vigente.

“La defensa del ambiente y de la salud pública no puede ser postergada”, concluyó.